November 3, 2025 | BOSTON — Una amplia coalición de más de una docena de ciudades, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro presentó hoy una demanda contra el Departamento de Educación de Estados Unidos. La demanda acusa a la administración Trump-Vance de utilizar ilegalmente el programa de Perdón de Préstamos del Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) para silenciar a gobiernos y organizaciones sin fines de lucro que realizan trabajos con los que la administración no está de acuerdo. La acción de la administración rompe una promesa bipartidista de décadas del Congreso para apoyar a quienes eligen dedicar sus carreras al servicio público.

Los demandantes incluyen a la Ciudad de Albuquerque, Ciudad de Boston, Ciudad de Chicago, Ciudad y Condado de San Francisco, Condado de Santa Clara, Amica Center for Immigrant Rights, Coalition for Humane Immigrant Rights, Legal Aid DC, National Association of Social Workers, National Council of Nonprofits, Oasis Legal Services, American Federation of Teachers, American Federation of State, County and Municipal Employees, y National Education Association. La coalición está representada por Democracy Forward y Protect Borrowers; el Condado de Santa Clara y la Ciudad y Condado de San Francisco se representan a sí mismos.

Empleadores y organizaciones que representan a trabajadores del servicio público advierten que cualquier esfuerzo para usar PSLF como arma tendría un efecto paralizante en toda la fuerza laboral del servicio público. Por ejemplo, ciudades de todo el país emplean a docentes, bomberos, trabajadores sociales  y personal de salud que podrían perder acceso al alivio de deuda si la administración Trump-Vance busca castigar a su ciudad por políticas con las que no está de acuerdo.

La nueva regla sobre PSLF permitiría al Secretario de Educación descalificar del programa PSLF a gobiernos y empleadores sin fines de lucro que no estén alineados con las políticas de la administración Trump-Vance. Esto daría a la administración una herramienta para atacar jurisdicciones santuario, grupos de derechos de inmigrantes, proveedores de servicios de salud que ofrecen atención de afirmación de género, escuelas, colegios y universidades, y empleadores comprometidos con la igualdad de oportunidades laborales.

La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito de Massachusetts, alega que la nueva regla de PSLF es una violación flagrante de la Ley de Educación Superior (HEA) aprobada por el Congreso, que establece categóricamente que los gobiernos y empleadores sin fines de lucro 501(c)(3) son empleadores elegibles para PSLF, y representa un ataque inconstitucional a los derechos de la Primera Enmienda de millones de trabajadores del servicio público. Al negar alivio de deuda a quienes trabajan en organizaciones que la administración no favorece —como aquellas que brindan servicios legales a comunidades inmigrantes o LGBTQIA+—la regla privará a gobiernos y organizaciones de personas altamente calificadas para realizar trabajos que benefician a quienes más lo necesitan en todo el país.

La coalición solicita a los tribunales que bloqueen la regla y protejan el programa PSLF como lo concibió el Congreso: una promesa bipartidista para quienes eligen servir a sus comunidades.

El caso es National Council of Nonprofits et al v. McMahon et al. 

Lea la demanda aquí (este documento está en inglés)

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